Mitos y Realidades de la Política Energética en México, por Francisco Acosta
El actual gobierno ha sido claro en declarar en este año su rechazo a la participación privada en la generación de energía eléctrica, buscando regresar a los modelos centralmente planificados de antaño, donde la Comisión Federal de Electricidad realizaba la planeación, la operación, generaba, transmitía y distribuía la electricidad a los clientes finales. Si bien la participación privada en la generación se ha llevado a cabo desde 1992, la Reforma Energética de 2014, bajo la figura de las Subastas de Energía de Largo Plazo, abrió la participación a un gran número de empresas, principalmente extranjeras que se especializaban en energías renovables, principalmente con tecnología eólica y fotovoltaica.
A través de las tres subastas que llevó a cabo la administración anterior, se comprometieron miles de millones de dólares de inversión, sumando miles de mega watts adicionales a la capacidad instalada, al comprometerse la CFE a comprar esa energía a precios que en su momento fueron de los más competitivos para energía fotovoltaica a nivel mundial. Hasta aquí, parecería que la Reforma Energética fue un éxito, pero lo cierto es que la falta de experiencia en la incorporación de estas energías intermitentes, la carga adicional para las áreas operativas en la interconexión de estos proyectos, así como la soberbia de algunas empresas constructoras que pensaron que llegarían a “conquistar” el mercado mexicano, ha llevado a retrasos significativos en la puesta en operación de muchos de estos proyectos. Por otro lado, la falta de inversión en transmisión ha llevado también a una situación donde a los nuevos proyectos se les han requerido inversiones en refuerzos e infraestructura adicional que debió llevar a cabo la Empresa Productiva del Estado, haciendo inviables algunos de estos proyectos privados.
Ante esta situación, no debería ser sorpresa que la nueva administración hubiera decidido cancelar la cuarta subasta SLP-1/2018. La administración del Presidente Peña Nieto llevó a cabo una reforma que en otros países había tomado ocho o más años implementar, mientras que aquí en un periodo de un par de años estaban tomando compromisos a 20 años para comprar energía, con reglas que estaban aún en proceso de elaboración y sin una visión que fuera consistente con los escenarios de planeación que elaboraba la CFE para periodos de 15 años.
Es así como la nueva administración inicia un proceso de revisión que da como resultado en este año un alto prácticamente total en las inversiones en generación. Durante los primeros tres años de este gobierno, la CFE no ha llevado más que licitaciones para adicionar capacidad con turbinas de gas para Baja California Sur, adicionando capacidad con las plantas de ciclo combinado que habían sido licitadas en la administración y con las centrales eólicas y fotovoltaicas de las subastas.
De nuevo, hasta aquí pareciera que tenemos una CFE en línea con la llamada austeridad republicana, y que aprovecha además el que un gran número de proyectos renovables contratados en la administración anterior entrarían en operación en esta administración, reduciendo así la necesidad de seguir invirtiendo.
Sin embargo, lo cierto es que la actual administración tiene una visión de corto plazo respecto al sector eléctrico. La capacidad de planeación no solo se ha visto mermada con la salida de personal calificado del CENACE, sino también por una política pública sin rumbo que lo único en lo que ha sido clara es que la participación privada no es bienvenida. Ante esto, la necesidad de ampliar la red de transmisión, por ejemplo, presenta ya un rezago de al menos cinco años, debido a que se carga con un diferimiento en proyectos de la administración anterior que fue incapaz de detonar la inversión en este rubro, y una administración actual que no ha entendido que los proyectos que se planean hoy, en la parte de transmisión, pueden tardar cinco o más años dependiendo del tamaño y dificultad de estos.
Por lo que se refiere a generación, el Presidente en su reciente informe mencionó que ahora se están modernizando las hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo y carbón en la producción de electricidad y afirmó que la energía que se produce con agua es limpia y barata.
“De ahí que hayamos decidido cambiar turbinas antiguas por equipos modernos, lo cual nos permitía aprovechar la infraestructura existente y el agua para producir más electricidad sin construir nuevas presas”. Lo cierto es que, al día de hoy, no se ha llevado a cabo ninguna modernización, pues únicamente se tiene al día de hoy, un proceso de licitación (mal diseñada, por cierto), donde los resultados se verán en no menos de tres años.
Por lo que hace a la energía fotovoltaica, donde la inversión privada ha desarrollado no solo algunos de los parques solares más grandes de Latinoamérica, sino aquellos con los precios más bajos por kilowatt/hora, recientemente el gobernador electo de Sonora y el Presidente anunciaron la construcción de un parque solar de 1,000 MWs en ese estado. Lo que omiten mencionar es que la red eléctrica es incapaz de recibir la energía de un parque de ese tamaño en esa zona del país, en la cual no solo se han desarrollado ya en los últimos años cientos de mega watts solares ya en operación, sino que hay cientos más esperando completar sus procesos de interconexión, y para los cuales se presenta ya una saturación de las redes de transmisión, impidiendo así el desarrollo de nuevos proyectos.
Durante muchos años se decía que la planeación en el sector eléctrico era la envidia de los otros sectores que desarrollaban infraestructura en el país, pues se regía principalmente por criterios técnicos y con horizontes de largo plazo que permitían que la oferta eléctrica pudiera suministrar la creciente demanda de un país en desarrollo. Desgraciadamente, lo que tenemos hoy es un sector que se encuentra supeditado a la política, que siempre verá la inmediatez de las encuestas como el termómetro para tomar decisiones. Con esto, las obras, o más bien anuncios de obras que dan nota periodística prevalecen sobre las necesidades reales de un sistema que se encuentra en un retraso que tomará años recuperar y en el cual, más que nunca, se requerirá de la inversión privada para poder sacar adelante.
