Mitos y Realidades de la Política Hidroeléctrica en México (Parte II), por Francisco Acosta

En nuestro artículo anterior nos referimos a la contribución marginal en el futuro de la energía hidroeléctrica en el combate al Cambio Climático como resultado de varios factores, en los cuales podemos subrayar principalmente las características de la hidrología del país y el régimen bajo el que operan las Grandes Centrales Hidroeléctricas.

Al haber tenido la oportunidad de aprobar y supervisar proyectos de inversión y rehabilitaciones en centrales como El Cajón, La Yesca, Villita e Infiernillo, así como habiendo realizado visitas a centrales hidroeléctricas como Necaxa, Tepeji, Patla, Minas y otras más pequeñas en la cuenta del Río Nautla, tuve la oportunidad de visualizar como la infraestructura hidroeléctrica ha tenido un desarrollo que ha reflejado las cambiantes necesidades del país durante los últimos 80 años. Más recientemente, los análisis costo-beneficio de los proyectos incorporaban las llamadas externalidades ambientales positivas de los proyectos, sin los cuales, algunos no hubieran tenido flujos positivos y no habrían sido aprobados.

Pero antes, había otras consideraciones que se tomaban en cuenta. Después de las etapas iniciales de electrificación de los centros urbanos, se tiene el desarrollo de proyectos en el centro del país en Michoacán, Puebla y Veracruz, o el Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán en el Estado de México en los 40´s y 50´s, donde se desarrollaron proyectos de 1, 2 ó 10 megawatts (MWs), los cuales permitieron continuar con la electrificación del país. Ya para finales de los 50´s y principios de los 60´s, comenzamos a ver la construcción de las primeras centrales hidroeléctricas que, desde la construcción de la Central de Necaxa en 1905, no habían visto capacidades mayores a los 100 MWs, iniciando con Temascal de 354 MWs en 1959, Mazatepec de 220 MWs en 1963 y así continuamos con capacidades que seguirían creciendo hasta superar los 1000 MWs con Infiernillo en 1965 (1,120 MWs) y Malpaso (1080 MWs) en 1969. En esta época se desarrollan también presas en el noroeste del país que gestionan las aguas para los distritos de riego y permiten también generar electricidad.

El siguiente gran hito sería Chicoasén, con 2,400 MWs que entra en operación en 1981 y donde a partir de entonces, tenemos centrales de menor tamaño pero que permiten aprovechar cuencas en el Balsas y el Río Santiago por ejemplo, o con Zimapán en Hidalgo. Esta evolución refleja, por un lado, la mayor industrialización y requerimientos mayores de energía con precios más competitivos que te permiten las economías de escala, y también un sistema interconectado nacional que permite aprovechar de mejor manera estos recursos para desplazar energía más costosa en los picos de demanda por la noche.

Ahora bien, en años recientes ha habido un rechazo a las Grandes Centrales Hidroeléctricas debido al desplazamiento de comunidades, al cambio en el microclima de las regiones donde se establece el embalse detrás de la presa y al metano generado por los desechos forestales o vegetales que se inundan en el embalse. De esta manera, de los pocos proyectos que aún pudieran ser viables, hemos visto cómo las comunidades y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) se han organizado para impedir que se lleven a cabo, como fue el caso de la Presa y Central Hidroeléctrica de La Parota en Guerrero, con lo que difícilmente veremos proyectos de gran capacidad en el futuro.

Ya no son suficientes los análisis costo beneficio sin el apoyo de la población y las ONG´s. Desgraciadamente, también hay grupos de interés que dificultan el desarrollo de estos proyectos únicamente por un interés económico de por medio. Tenemos así, casos más recientes como Chicoasen II, un proyecto malogrado de la administración anterior que de la que sería la quinta presa hidroeléctrica en el estado de Chiapas, el cual le permitiría a la CFE “reaprovechar” el caudal de Chicoasén y el embalse de la presa Malpaso. Sin embargo, el proyecto ya adjudicado y con equipos adquiridos, fue cancelado ya que la CFE no garantizó el acceso al sitio de la obra, la cual fue tomada por grupos políticos de la zona.

Ante esta situación, es fundamental optimizar lo que se tiene y obtener el máximo beneficio. Más allá de los beneficios que brinda la rehabilitación, regresándole a la máquina sus condiciones de diseño, la modernización es una alternativa que permite una mejor optimización del complejo hidroeléctrico. Se tienen experiencias muy afortunadas en proyectos de este tipo, como la repotenciación de Infiernillo, donde las unidades de la primera etapa se pudieron repotenciar de 160 MW por unidad a 200 MW. Otro proyecto importante fue La Villita, donde después de resolver ciertos problemas de azolvamiento y de hacer algunos arreglos de desfogues, se pudo incrementar la capacidad real de 66 MW a 80 MW. No solamente vale la pena subrayar los importantes incrementos de potencia, sino también la alta rentabilidad de estos proyectos, pues la inversión se recuperó en un par de años.

Con la experiencia de estos proyectos que se llevaron a cabo hace más de 10 años, lo que la actual administración federal ha planteado, es rehabilitar y modernizar una parte importante de la infraestructura hidroeléctrica existente, enfocándose en nueve hidroeléctricas a lo largo y ancho del país. En las especificaciones técnicas de esta licitación se puede observar que los trabajos que se requieren en cada una de estas centrales son de lo más variado, desde repotenciación de generadores, modernización de turbinas, incremento de potencia a través de mejorar la eficiencia turbina-generador, hasta suministro de transformadores de potencia, sistema de control, automatización y adquisición de datos.

Por sí solo, cada proyecto tomado individualmente habría sido un proyecto atractivo para los potenciales concursantes. Sin embargo, como un solo paquete, se desincentiva la competencia, pues al ser un contrato para el cual se han presupuestado mil millones de dólares, no habrá muchos consorcios que puedan asumir las obligaciones financieras de dicho contrato. Además, se dificulta su ejecución al tener tiempos de entrega de dos años, así como una logística complicada al trabajar simultáneamente en nueve sitios diferentes y procesos de fabricación de partes y equipos que deberán calendarizarse sin margen de error.

¿Es esta la gran iniciativa del gobierno federal para impulsar las renovables? De nuevo, no estamos en contra de un aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, pero cuando la política se enfrenta a la realidad, encontramos que un contrato que pudiera adjudicarse bajo estas características estaría condenado al fracaso, y donde el licitante ganador, o incluye un monto importante de sobre precio para las contingencias que pudieran surgir, o una vez en ejecución, argumentara sobrecostos que después se irían negociando y conciliando o se irán a arbitraje, como fue el caso de las presas La Yesca y El Cajón respectivamente.

Veremos en las siguientes semanas si la actual iniciativa del gobierno rinde frutos con la adjudicación de estos trabajos, pero pasarán años para que tengamos una idea más clara sobre el éxito de esta iniciativa, la cual dependerá de su correcta ejecución a precios que sean rentables. Por lo pronto, el gobierno debe de entender también, que para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, necesariamente se debe apoyar la generación con tecnologías como la eólica y la solar, por lo que las políticas públicas del actual gobierno que no incorporan estas tecnologías resultarán en un retroceso en la reducción de la huella de carbono en nuestro país que de ninguna manera podrá ser compensada con su política hidroeléctrica.